viernes, 17 de marzo de 2017

NADA ES PARA SIEMPRE

Artículo publicado en el Periódico "Nueva Alcarria", el 10 de marzo de 2017:

Nada es para siempre

Foto: http://nuevaalcarria.com
Todo en esta vida es temporal. Así que si las cosas van bien, disfrútalas porque no van a durar toda la vida. Y si las cosas van mal, no te preocupes: tampoco van a durar para siempre. La frase no es mía, es una de las tantas que circulan de manera viral por Internet. Pero me parece muy adecuada para referirme a la temporalidad tanto del matrimonio como del divorcio. Porque si una pareja o un matrimonio no tienen por qué ser para siempre, el divorcio o la separación tampoco. O al menos, en lo tocante a las medidas que fueron acordadas en su día por los cónyuges o progenitores, o establecidas por resolución judicial, que es a lo que voy a dedicar este artículo. 

Es muy normal que tales medidas, ya fueran acordadas o impuestas por sentencia, con el transcurso del tiempo deban ser modificadas. Hasta el punto de que los procedimientos de modificaciones de medidas son tan habituales en los despachos de abogados de familia como lo pueden ser los procesos de separación o divorcio propiamente dichos. De hecho, sólo para poder extinguir una pensión de alimentos, porque el hijo ha alcanzado la independencia económica, se hace necesario pasar por un proceso judicial de modificación de medidas. Un proceso autónomo, independiente del que fuera el procedimiento principal (aunque se tramitará en el mismo juzgado), pero prácticamente idéntico en cuanto a su tramitación, ya sea contenciosa o de mutuo acuerdo, necesitando en ambos casos la presencia tanto de abogado como de procurador.

La Ley contempla esa posibilidad de modificar las medias acordadas o impuestas. Eso sí: siempre que haya una variación sustancial de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para imponerlas o acordarlas. Circunstancias tales como una alteración en la economía de alguno de los ex-cónyuges o progenitores (ya sea "a mejor" o ya sea "a peor"), un cambio de su situación laboral, nuevas circunstancias personales (por ejemplo, el nacimiento de un nuevo hijo, una enfermedad sobrevenida, o un cambio de residencia), o la propia edad de los hijos que puede ser considerada una alteración sustancial según el caso. Será el juzgador quien valore si las circunstancias alegadas son sustanciales respecto de las tenidas en cuenta al momento en que se establecieron las medidas. Por tanto, deben ser circunstancias surgidas con posterioridad, imprevistas, de cierta trascendencia y no deben responder a un momento puntual, sino que deben tener "vocación de permanencia", o que previsiblemente vayan a perdurar en el tiempo. De lo contrario, corremos el riesgo de que dicha pretensión de modificar la medida sea desestimada, siendo además posible la condena en costas y gastos si ello sucede. 

Otro dato importante a tener en cuenta es que, si hablamos de un cambio de circunstancias de tipo económico, éste no ha de ser imputable a la voluntad de quien insta la modificación, no debe haber provocado la situación que ha conducido al cambio de circunstancias (por ejemplo, no se puede pretender una reducción de la pensión de alimentos alegando una disminución de ingresos como consecuencia de haber causado baja voluntaria del puesto de trabajo que venía ocupando). 

Una situación bien distinta es la que se produce cuando la modificación se lleva a cabo de manera consensuada entre las partes: su voluntad prevalecerá y ni juzgador ni Ministerio Fiscal (que intervendrá cuando haya hijos menores de edad) entrarán a valorar los motivos que han conducido a los intervinientes a modificar tales medidas, siempre y cuando -eso sí- no sean perjudiciales para los hijos.

En todo caso, la modificación de alguna de las medidas acordada sólo podrá surtir efectos cuando sea aprobada o establecida judicialmente, por lo que es aconsejable acudir de inmediato al procedimiento de modificación de medidas cuando cambien sustancialmente las circunstancias, sobre todo si se trata de circunstancias económicas, pues mientras no haya resolución judicial no se aceptará la modificación unilateral de la misma. En nuestro ejemplo: mientras el juzgado no dicte sentencia estimando una reducción de la pensión de alimentos, el solicitante deberá seguir abonando la misma cuantía de pensión que estaba pagando hasta ese momento.

Lógicamente, y a falta de acuerdo, la prueba es fundamental: quien alegue esas nuevas circunstancias deberá probar su existencia y acreditar que no se trata de una situación coyuntural; y que lo que se pretende es adecuar las medidas a una nueva realidad existente. 

Luis Miguel Almazán

Abogado de Familia

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