La voluntad de la persona con
discapacidad debe ser tenida en cuenta. Lo dice la nueva Ley 8/2021. Ya hablamos de ello en una
anterior entrada:
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 8/2021
Y como nuevo ejemplo, analizaremos una Sentencia del
Tribunal Supremo: STS (Sala 1ª)
899/2021, de 21 de diciembre de 2021, rec. nº 1504/2021, (Id
Cendoj: 28079110012021100896). En este caso, la sentencia revocada no explicaba
por qué no se había nombrado tutor a la persona querida por el interesado. Y si la autoridad judicial no atiende a su
voluntad, entonces deberá motivar por qué, y una falta de motivación a la hora
de prescindir de la voluntad de la persona necesitada de apoyos conduce a
retrotraer las actuaciones para que nuevamente se dicte sentencia (en este caso
la Audiencia Provincial), que tendrá que estar adaptada ya a la nueva Ley
8/2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Antecedentes
relevantes
1º.- Con fecha 21 de junio de 2016, por D.ª Isidora se
presentó demanda de modificación de la capacidad, dirigida contra su marido D.
Carlos Francisco , como consecuencia de las secuelas neurológicas sufridas por
un accidente cerebrovascular, con solicitud de ser nombrada tutora.
2º.- El conocimiento de la demanda correspondió al
Juzgado de 1.ª Instancia número 78 de Madrid. El demandado se opuso a la
demanda, con el argumento de que su estado actual no requiere un pronunciamiento de incapacitación total, sino una mera
supervisión para determinadas actividades más complejas. Igualmente,
manifestó que, dadas las malas
relaciones y falta de convivencia con su mujer, era contrario a que ésta fuera
designada para el ejercicio de tal función, para la que propuso a su hija y,
posteriormente, por manifestación de su
representación jurídica, a D. Borja, con el que le une una relación de
amistad y afectividad.
3º.- La sentencia del juzgado partió de los hechos
probados siguientes: "D. Carlos Francisco , nacido el día NUM000 de 1944,
padece secuelas de accidente cerebrovascular ocurrido el día (…) Todo ello,
causa limitación en su capacidad de obrar en la esfera relativa a la
administración de bienes en lo que exceda de gastos ordinarios o de
bolsillo". Y, con tal base, dictó sentencia de 24 de octubre de 2018, en
la que, con estimación en parte de la demanda, declaró la modificación parcial
de la capacidad de obrar del Sr. Carlos Francisco , para regir su patrimonio en
lo que exceda de gastos ordinarios de bolsillo, tanto los personales como los que
deriven de sus obligaciones como progenitor, acordando el nombramiento, como
figura de apoyo y curador, a D. Borja
quien deberá asistir y aconsejar al demandado en los actos relativos a la enajenación o gravamen de inmuebles,
establecimientos mercantiles e industriales, objetos preciosos y valores
mobiliarios etc., sin que fuera preciso que solicite las autorizaciones
previstas en el art. 271 CC.
4º.- Contra dicha resolución, se formuló por D.ª Isidora recurso de apelación, al que se opusieron el
Sr. Carlos Francisco y el Ministerio Fiscal. Dicho recurso fue resuelto por
la sección vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, por medio de
sentencia de 3 de noviembre de 2020, en la que, tras oír al demandado, recabar
un nuevo informe médico forense, así como razonar que la apelación, en estos
casos, pierde su originaria naturaleza para convertirse en una segunda
instancia, donde el órgano judicial ad quem goza también del privilegiado
principio de inmediación, argumentó que: "[...] consta en el rollo informe
de la Clínica Médico Forense de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 4
de febrero de 2020, firmado por el doctor don Carlos María ; médico forense, en
el que se concluye que el Sr. don Carlos Francisco padece un deterioro
cognitivo de Disartria y Apraxia; (…) Es, dice el médico forense, que es
enfermedad permanente, y que en el momento actual el citado señor no posee las
aptitudes necesarias para regir su persona y bienes (…). En el acta de
audiencia, en el examen personal efectuado a don Carlos Francisco por la Sala,
destacamos que no cabe que no sabe bien dónde vive; no recuerda el nombre de su
padre, ni el de su madre; no sabe dónde está ni a qué ha venido; no sabe el
día, mes y año en el que estamos; no sabe lo que estudió, etc. ...; no se
expresa en lo que se le pregunta y contesta con números correlativos... ¿...? Procede, en su consecuencia, con estimación
del recurso, declarar la incapacitación total del demandado Sr. don Carlos
Francisco y el nombramiento como tutor al A.M.T.A. pues es organismo preparado,
técnico, profesional y objetivo y ello frente a la Sra. Isidora (abogada)
que aún sigue casada con el demandado don Carlos Francisco ; y con el que se
lleva mal o regular actualmente; y ello frente a la hija doña Milagrosa ; que
se lleva mal o regular con su madre; y parece ser, aún en formación". (…)
TERCERO.- Examen de los otros dos motivos de
infracción procesal (…)
El tercer motivo, se refiere a la falta de motivación de la sentencia con
respecto a prescindir de la voluntad exteriorizada del demandado de que sea
designado como curador la persona por él elegida y nombrada por el juzgado.
Sobre tal cuestión, la sentencia de la Audiencia no contiene argumento alguno. (…)
La motivación ha de ser manifestación suficiente de la
justificación causal del fallo, mediante la expresión de las razones de hecho y
de Derecho que integran el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión
tomada, al margen de que satisfaga o no los intereses y pretensiones de las
partes (sentencias del Tribunal Constitucional - SSTC- 14/91, 28/94, 153/95 y
33/96 y sentencias de esta Sala 889/2010, de 12 de enero de 2011 y 465/2019, de
17 de septiembre, entre otras). En consecuencia, se vulnera tan ineludible
exigencia, cuando no hay motivación -carencia total-, o cuando es completamente
insuficiente, también cuando la motivación está desconectada con la realidad de
lo actuado o da lugar a un resultado desproporcionado o paradójico (sentencias
180/2011, de 17 de marzo y 706/2021, de 19 de octubre).
(…)
Igualmente, en la sentencia 589/2021, de 8 de
septiembre, tras la entrada en vigor de la nueva ley, hemos proclamado que
"la provisión judicial de apoyos debe ajustarse a los principios de
necesidad y proporcionalidad, ha de
respetar la máxima autonomía de la persona con discapacidad en el ejercicio de
su capacidad jurídica y debe atenderse en todo caso a su voluntad, deseos y
preferencias", con los matices que se explica a continuación. En la
sentencia 487/2014, de 30 de septiembre, se respeta la voluntad de la persona
discapacitada sobre la elección de curador en la persona de su hijo, frente al
nombramiento de la hija, acordado en la sentencia de la Audiencia Provincial,
que se casa, tomando en consideración los arts. 223 y 234 CC, el Real Decreto
Ley 1/2013, y también el art. 3 del Convenio, relativo a la necesidad de
respetar "la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones". En la sentencia 706/2021, de 19 de octubre, se estima
el recurso extraordinario por infracción procesal por falta de motivación, por
haber prescindido de la voluntad de la persona con discapacidad en un supuesto
de autocuratela. Se respeta la voluntad de la causante en otro caso
similar en la sentencia 734/2021, de 2 de noviembre.
Por consiguiente, prescindir
de la voluntad exteriorizada por el demandado, dada la trascendencia que se le
otorga en la nueva ley (actualmente arts. 249, párrafo II y 268, párrafo I del
CC) y jurisprudencia citada, requiere una motivación especial que brilla por su
ausencia, con lo que, en la nueva sentencia que se dicte, se deberá manifestar
expresamente al respecto, explicitando las concretas razones por las que, en su
caso, se prescinde de la voluntad y preferencia en tal aspecto exteriorizada
por el demandado.
La estimación del recurso extraordinario por
infracción procesal conduce a que no proceda entrar en el examen del recurso de
casación, sin perjuicio de que este se interponga, en su caso, contra la nueva
sentencia, que deberá dictar la Audiencia, adaptada además a la nueva legalidad
constituida por la ley 8/2021, por mor de su Disposición transitoria sexta.
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0bf57a180d2ed7da/20220117
Luis Miguel Almazán
Abogado de Familia
