En anteriores entradas ya hablábamos sobre los traslados de los menores:
TRASLADO DE LOCALIDAD DEL PROGENITOR CUSTODIO
DE CUSTODIA COMPARTIDA A CUSTODIA EXCLUSIVA POR UN TRASLADO VOLUNTARIO
Ahora, una reciente Sentencia del Tribunal supremo,
condensa los criterios:
STS 1532/2026 de 30 de septiembre de 2026.
FUNDAMENTOS DE
DERECHO:
“TERCERO.-
Marco normativo y jurisprudencial. La autorización del cambio de residencia de
los hijos menores.
1. El art.
154 CC es el precepto citado en el recurso de casación. En su redacción tras la
reforma operada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el precepto
establece expresamente que la función propia de la patria potestad, como
responsabilidad parental, comprende entre otros deberes y facultades «decidir
el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá ser
modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por
autorización judicial». (…) Ya antes de la reforma del art. 154 CC por la Ley
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, la jurisprudencia de esta sala había declarado
que la regla general del ejercicio conjunto de la patria potestad por ambos
progenitores determinaba la necesidad de un acuerdo para la decisión del lugar
de residencia habitual de los hijos menores y, a falta de acuerdo, requería
autorización judicial. Ello en atención a la trascendencia que para el menor y
para toda la familia comporta la determinación del lugar de residencia
habitual, y que puede condicionar todas las medidas que se adopten. Por esta
razón, la STS 642/2012, de 26 de octubre, dictada en un procedimiento de
medidas respecto de una menor, casó la sentencia de apelación que había
declarado que era la madre, en cuanto custodia de la menor, quien podía decidir
unilateralmente el lugar de su residencia.
2. Pero ni
antes de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio,
ni tampoco ahora, contamos con criterios legales específicos que deban ser
tomados en consideración para autorizar judicialmente un cambio de residencia
habitual de un menor cuando no existe un acuerdo entre los progenitores. Para
autorizar un cambio de residencia habitual de un menor es preciso por tanto
adaptar los criterios generales que, a efectos de la interpretación y
aplicación en cada caso del interés superior del menor, y junto a aquellos
otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas
del supuesto, se recogen en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor (en adelante, LOPJM). Esos criterios
generales a que alude el art. 2.2 LOPJM (modificado, en buena medida recogiendo
criterios jurisprudenciales, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y
posteriormente por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio) son:
«a) La
protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la
satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas
como emocionales y afectivas.
»b) La
consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su
derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez,
desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés
superior.
»c) La
conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar
adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de
origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre
que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de
protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando
el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las
posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de
la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el
interés y las necesidades del menor sobre las de la familia.
»d) La
preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e
identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por
éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando
el desarrollo armónico de su personalidad».
Estos
criterios, a su vez, deben ponderarse teniendo en cuenta los elementos a que se
refiere el art. 2.3 LOPJM:
«a) La edad y
madurez del menor.
»b) La
necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial
vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su
discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante
de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o
cualquier otra característica o circunstancia relevante.
»c) El
irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
»d) La
necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la
efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de
minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional
pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.
»e) La preparación
del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y
circunstancias personales.
»f) Aquellos
otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados
pertinentes y respeten los derechos de los menores.
»Los
anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los
principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se
adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que
los que ampara».
Además, de acuerdo con lo que expresa el art.
2.4 LOPJM:
«En caso de
concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor
deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten
también los otros intereses legítimos presentes.
»En caso de
que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá
primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que
pudiera concurrir.
»Las
decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en
todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse
afectados».
Finalmente,
conforme al art. 2.5 LOPJM:
«Toda
resolución de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el interés
superior de la persona menor de edad deberá ser adoptada respetando las debidas
garantías del proceso y, en particular:
a) Los
derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el
proceso de acuerdo con la normativa vigente». El derecho del menor a ser oído y
escuchado cuando tenga suficiente madurez se regula más ampliamente, entre
otros, en el art. 9 LOPJM.
3. La Sala
Primera, que ha dictado un grupo de sentencias referidas al cambio de
residencia habitual de menores en caso de falta de acuerdo entre los
progenitores, ha venido aplicando estos criterios generales para valorar el
interés del menor en cada caso en función de las concretas circunstancias
concurrentes.
- En la STS
642/2012, de 26 de octubre, se fijaron como criterios para la decisión la
valoración del interés del menor a efectos de autorizar una solicitud de
traslado, si resultaba o no conveniente a su interés el desplazamiento que se
interesaba por uno de los progenitores (de Valladolid a Nueva York), cómo
afectaba a su interés un cambio en su entorno social y parental, los problemas
de adaptación, y la posibilidad de establecer un sistema de visitas con el otro
progenitor. Incluso se apuntó que, de afectar el cambio de residencia del progenitor
a los intereses del menor -que debían ser preferentemente tutelados- podría
producirse un cambio de la guardia y custodia.
- La STS
536/2014, de 20 de octubre, autorizó el traslado del menor con la madre
custodia, a su país de origen (Brasil), valorando como concretas circunstancias
que la familia de la madre residía en Brasil (su padre, hermanos, y también
otro hijo), y casó la sentencia que no había autorizado el traslado del menor,
pero sin valorar que el hijo estuviera mejor con el padre, al que tampoco
concedió la guarda ante la posible permanencia en España; la sala considera que
el interés del menor es preferente, pero que no es posible obligar a la madre a
continuar en un país que no es el suyo y en un entorno familiar que tampoco es
el del niño, para hacer frente a unas expectativas hipotéticamente mejores en
España, ya que el respeto de los derechos del niño no implica necesariamente ir
en detrimento de los derechos de los progenitores.
- La STS
748/2014, de 11 de diciembre, confirmó la sentencia de apelación que estimó la
solicitud de modificación de medidas interesada por la madre en el sentido de
que se le autorizara el traslado de residencia de la niña de DIRECCION004 a
DIRECCION005 , lugar en el que trabajaba el nuevo esposo de la madre, por
entender que en atención a las circunstancias el cambio respondía a su interés
(la custodia correspondía de mutuo acuerdo a la madre; dada su edad -ocho años
cuando se dicta la sentencia de apelación- los cambios eran fácilmente
asumibles para la niña, que podía continuar conviviendo con su nuevo hermano,
con el que se llevaba tres años).
- La STS
515/2014, de 15 de octubre, confirmó la sentencia de apelación que denegó la
autorización a la madre custodia de un traslado de residencia de los hijos a una
localidad a seis kilómetros del lugar de residencia del padre porque el
argumento invocado por la madre (alejar a los hijos del foco de tensión por la
cercanía de la familia paterna) más bien produciría el efecto contrario en los
menores, a la vista de los informes psicosociales que constaban en las
actuaciones. Para valorar el interés de los menores, también se tomó en
consideración que la vivienda en la que venían viviendo y su entorno, ofrecían
mayores y mejores prestaciones para los menores, además de la cercanía al
domicilio de sus amigos, ikastola, parroquia, etc., lo que favorecía su
desarrollo integral.
- La STS
485/2015, de 10 de septiembre, confirmó la sentencia de apelación que estimó la
solicitud de modificación de medidas interesada por la madre en el sentido de
que se le autorizara el traslado de residencia de los hijos desde las Islas
Baleares (donde se encontraba la familia paterna) a DIRECCION006 , donde la
madre, maestra, tenía trabajo y disponibilidad horaria para cuidar a los hijos,
y era la opción más favorable que ella siguiera siendo la cuidadora principal,
por lo que se rechazó la petición de custodia interesada por el padre.
- La STS
5/2017, de 12 de enero, confirmó la sentencia de apelación que estimó la
petición de modificación de medidas solicitada por la madre custodia y autorizó
el cambio de residencia de una menor, de nueve años, de Sevilla a Albacete.
Tuvo en cuenta para ello que, aunque suponía para la menor un cambio en su
entorno social y escolar, y que lo deseable hubiera sido que la madre pudiese
residir en Sevilla, tal trastorno no podía condicionar la decisión de la
autorización. En la sentencia se razona que muchos menores, sin necesidad de
crisis matrimonial, por razones personales o profesionales de los padres, tienen
que soportar tales cambios y se adaptan a ellos en tiempos prudenciales. Entre
las circunstancias concretas que se tomaron en consideración para valorar el
interés de la menor, se alude a que las propias partes consideraron que fuese
la madre la que tuviese atribuida la guarda de la menor, que el cambio no se
reputaba caprichoso o arbitrario, sino que obedecía al traslado del trabajo de
la madre de Sevilla, donde vivía el padre, a Albacete, donde la madre tenía
apoyo familiar para compatibilizar el trabajo con el cuidado de la menor.
- La STS
29/2017, de 18 de enero, rechazó el paso de una custodia materna con residencia
en Alicante, a una custodia compartida en Suiza, donde residía el padre y donde
nació el niño, porque el cambio no beneficiaría al menor, pues cambiar a otro
país alteraría sus costumbres y hábitos ya adquiridos, su escolarización y su
idioma. Tuvo en cuenta que el niño llevaba más de dos años residiendo en
Alicante, que los padres se separaron cuando apenas tenía tres meses de edad,
que quedó al cuidado de la madre, y cuando se trasladó a España (lo que no se
discute que con arreglo a la ley aplicable pudo hacer la madre sin autorización
judicial), el menor tenía tres años y no estaba escolarizado, por lo que
carecía de arraigo en Suiza, donde tampoco vivía la familia paterna, ya que el
padre vivía solo, mientras que los abuelos maternos, con quien el menor tenía
más apego, disponían de vivienda en España, donde venían con frecuencia, y a
donde iban a regresar al jubilarse. La sentencia reconoce al mismo tiempo el
derecho del niño a relacionarse con el otro progenitor, que entiende
salvaguardado mediante el establecimiento de un adecuado régimen de visitas que
el propio recurrente solicitaba de manera subsidiaria.
- La STS
230/2018, de 18 de abril, en un proceso de modificación de medidas, en un caso
en el que la madre custodia, como consecuencia del traslado laboral de su nuevo
marido, con quien había tenido otros dos hijos, decidió de manera unilateral
cambiar su residencia a una localidad a treinta y ocho kilómetros del anterior
domicilio, y escolarizar allí también a la hija habida de una anterior
relación, considera que la valoración del interés de la menor, que debe
adoptarse en el momento de dictar sentencia, determina mantener en el lugar de
residencia actual a la niña, pues comparte colegio con sus dos hermanos, en el
que trabaja la hermana de la madre, y en esa localidad vive toda la familia
extensa del nuevo marido, sin que la escasa distancia entre las localidades
impida el contacto de la menor con su padre. Esta sentencia se afirma que, si
bien la decisión materna del traslado fue unilateral, y por tanto, reprobable,
ello no puede acarrear la sanción que perjudique el interés de la menor.
- La STS
58/2020, de 28 de enero, en un procedimiento de divorcio con solicitud de
medidas respecto de la hija común, en un caso en el que la madre cuidadora
principal quedó sin trabajo en la localidad de residencia habitual (
DIRECCION007 ) y había trasladado de manera unilateral su residencia con el
niño a DIRECCION008 (Alicante), donde residen sus padres, le atribuye a ella la
guarda, para ejercerla en DIRECCION008, de acuerdo con el informe psicosocial y
el criterio del Ministerio fiscal. La sentencia, que considera que el traslado
no ha sido caprichoso reitera que el cambio de residencia unilateralmente
acordado es reprobable, pero que ello no puede acarrear una sanción que
perjudique el interés del menor.
- La STS
548/2021, de 19 de julio, anula la sentencia que, sin escuchar al menor (que por
su edad contaba con juicio suficiente), se pronunció sobre la solicitud de
modificación de medidas interesada por el padre para que el menor se trasladara
desde Argentina (donde resistía con la madre, de conformidad con la sentencia
dictada en un procedimiento anterior) a España, y que se le atribuyera la
guarda al padre. La sentencia ordenala devolución de los autos a la audiencia
provincial para que, tras oír al menor, dicte nueva sentencia y decida sobre lo
solicitado.
- La STS
705/2021, de 19 de octubre, confirma la sentencia de la audiencia provincial
que, tras un traslado de residencia del padre a Italia, y escuchando a los
hijos, modificó las medidas adoptadas en un previo proceso de divorcio (en el
que se atribuyó la guarda a la madre), y atribuyó al padre la guarda de los
menores, que pasarían a vivir con el padre en Italia. La sentencia señala que,
siendo lo deseable que los menores convivan con ambos progenitores, se impone
la realidad de la separación y de su residencia efectiva en lugares diferentes,
por lo que se trata de la adopción de lo más conveniente para el interés de los
hijos.
4. Por su
parte, la STC 54/2025, de 10 de marzo, estima el recurso de amparo interpuesto
contra el auto de medidas provisionales dictado por un juzgado de violencia
sobre la mujer, previas a la sentencia de divorcio, en el que se atribuyó en
exclusiva la guarda y custodia del hijo común a la madre, imponiéndole su
ejercicio en Vitoria, de donde la demandante de amparo alegaba haber huido por
razones de violencia de género, trasladándose a A Coruña, donde empadronó y
escolarizó al niño, y donde ella tenía trabajo y apoyo familiar para la
conciliación. Según el Tribunal Constitucional: «Al establecer las medidas
provisionales, previas a la sentencia de divorcio en este caso, el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Vitoria-Gasteiz tenía un deber de motivación
reforzada dado que: a) con su resolución estaba obligando a un nuevo cambio de
domicilio de un menor de corta edad; b) el desplazamiento inicial no consentido
del menor venía justificado, según la denuncia planteada por su madre, por la
preexistencia de una situación de violencia de género; y c) la obligación del
ejercicio de la guarda y custodia en Vitoria-Gasteiz suponía, además, una
obligación derivada de cambio de domicilio de la progenitora custodia, ahora
demandante de amparo.
El mencionado
juzgado, en su labor de ponderación, tenía consecuentemente que manejar en su
resolución el interés superior del menor como contrapeso de los derechos de los
progenitores, sin poder obviar a tales efectos los indicios de violencia de
género, ni desconocer la posible afectación de las libertades de circulación y
residencia de los progenitores con motivo de la fijación y ejecución de las
medidas objeto de su resolución».
CUARTO.-
Decisión del tribunal. Desestimación del recurso
La aplicación
de los criterios legales y jurisprudenciales reseñados determina que en este
caso se desestime el recurso de casación, pues la autorización de que el lugar
de residencia habitual de Milagros (nacida el NUM000 de 2019) sea Teruel, donde
reside la madre custodia, se ajusta al interés superior de la menor.
1. Debemos
observar que ninguno de los progenitores solicitó la adopción de medidas
provisionales, y que en el procedimiento penal que condenó al padre por un
delito leve de amenazas tampoco se adoptó ninguna medida referida a la hija
común de la pareja. Tras el dictado de la sentencia penal, y antes del acto de
la vista del procedimiento de guarda y custodia, la madre -que en su demanda
había informado de su intención de trasladarse de DIRECCION001 (Alicante),
donde se encontraba el domicilio familiar, a Teruel-, de manera unilateral, sin
contar con el consentimiento del padre, ni solicitar autorización judicial, se
trasladó a Teruel, llevándose con ella a la niña. De acuerdo con lo expuesto,
este proceder de la madre no está amparado por la ley, pues a falta de
consentimiento de ambos progenitores, es preciso solicitar autorización
judicial para cambiar el lugar de residencia de un menor (art. 154 CC). Pero,
de acuerdo con nuestra jurisprudencia, este hecho reprobable de la madre no
puede dar lugar a una sanción que determine una decisión sobre la residencia de
la menor que sea contraria a su interés.
2. No se
trata de autorizar a la madre a que cambie de lugar de residencia. El art. 19
CE garantiza a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia (cfr.
art. 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Se
trata de decidir sobre el lugar de residencia de Milagros, la hija menor de los
litigantes. Con este fin, lo que hay que valorar, partiendo de la
separación de los padres, y de que ya no viven juntos, atendiendo a las
circunstancias concretas del supuesto, es cuál es la decisión que responde al
interés superior de Milagros, la hija menor de los litigantes. Y ello, como ha
venido haciendo la jurisprudencia, de acuerdo con los criterios establecidos
legalmente (art. 2 LOPJM), ponderándolos con los elementos que también contempla
la ley (art. 3 LOPJM).
3. No se
discute que la guarda se atribuye a la madre. (…)
4. Partiendo
de lo anterior, consideramos que el interés superior de Milagros es residir
con su madre, cuya custodia no se discute. El juzgado, aunque no autorizó
el cambio de residencia de la niña a Teruel por valorar que respondía mejor a
su interés permanecer en su entorno, señaló, con criterio que compartimos, que el
traslado de la madre no fue caprichoso. En efecto, como apunta la audiencia
provincial, asumiendo lo alegado por la madre, el traslado se explica no solo
por la condena al padre por el delito leve de amenazas, sino por la situación
patrimonial, laboral y familiar de la madre, comparando la que tenía en el
lugar donde vivió la familia antes de la ruptura con la que tiene en Teruel,
donde cuenta con la cotitularidad de una vivienda con su padre y hermana, que
le apoyan para la conciliación laboral para el cuidado de la niña. Estos datos
no solo apuntan a la mayor comodidad de la madre, contra lo que sugiere el
recurrente, sino que también contribuyen a diseñar un marco que garantiza la
estabilidad en el cuidado de la niña y su desarrollo material y emocional, pues
dada la edad de la menor su situación no es independiente de la de sus
progenitores. Lo que no cabe duda es que no se aprecia un traslado arbitrario y
abusivo de la madre con la intención de privar al padre de la compañía de su
hija, y frente a la concreta situación de esta familia no se puede afirmar sin
más que genéricamente las perspectivas de trabajo son mejores en la zona de
DIRECCION002 , donde hay abundantes establecimientos de restauración. La
audiencia igualmente tiene en consideración que, por su edad, la niña (a la que
no se ha oído, ni consideramos exigible que se oiga por razón de su edad) no
tenía arraigo suficiente en DIRECCION001 como para que le perjudicara el cambio
de residencia. También que la madre tiene trabajo y la niña está escolarizada
en Teruel. Frente a estos datos positivos, ciertamente, el desplazamiento de la
niña a Teruel le priva del contacto diario con sus hermanos por parte de padre,
hijos de dos uniones anteriores, en especial de Elvira , con la que apenas se
lleva tres años. Pero la madre de Milagros ha manifestado, así se recoge por el
juzgado en su sentencia, y no ha sido negado por el padre, que la buena
relación entre las madres de las niñas ha permitido que se hayan visto fines de
semana, e incluso que cada una haya pernoctado en casa de la otra. Por otra
parte, en la sentencia de apelación se adoptó un régimen de visitas que, en
atención a la distancia entre las localidades de residencia de ambos
progenitores, se fijó de manera razonable en un fin de semana al mes (a
elección del padre) y dos tercios de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y
verano. Para hacer efectivo el derecho de visitas y estancias, la sentencia
establece además que, será la madre o persona de su elección quien deberá
trasladar a la niña hasta el lugar de residencia del padre, y este o persona de
su elección deberá reintegrarla al domicilio de la madre. De esta forma se
garantiza el mantenimiento de la relación con el progenitor no custodio, y será
durante estos tiempos de estancia con el padre cuando la familia paterna podrá
también disfrutar de la compañía de la niña, como hacen por lo demás las
familias que no residen en la misma localidad aun cuando los padres no estén
separados.
QUINTO.-
Costas La desestimación del recurso de casación comporta que se impongan las
costas devengadas por este recurso al recurrente.”
Luis Miguel Almazán
Abogado de Familia



