LA PRUEBA TESTIFICAL

 

El testigo es aquella persona que ha sido citada por el juzgado, o llevada por una de las partes a la comparecencia o vista, para que declare sobre alguno de los hechos objeto de controversia dentro de un procedimiento judicial. El testigo siempre será persona física, y tendrá el deber de comparecer si ha sido citado (salvo causa justificada). Tampoco debe hallarse privada de razón o de sentido, debiendo ser también mayor de 14 años, si bien Su Señoría podrá valorar si carece o no del discernimiento necesario para declarar como testigo.

En materia de Familia, la prueba testifical no suele ser de especial relevancia, salvo excepciones, y sólo se admite de forma restrictiva pues, de entrada, no se permitirá el testimonio de familiares de alguna de las partes, o de amigos directos, pues lógicamente su testimonio carecería de objetividad e imparcialidad. Y en todo caso Su Señoría valorará la declaración de un testigo conforme a las reglas de la sana crítica (es decir discrecionalmente -que no arbitrariamente-), teniendo en cuenta sus circunstancias, la consistencia de su declaración y su objetividad. En caso de que se dude de su imparcialidad, una vez admitida la prueba cualquiera de los abogados podrá plantear la "tacha" del testigo para poner de manifiesto la existencia de un interés legítimo del testigo en el litigio lo que lógicamente afectará a su declaración. La tacha no impide la práctica de la prueba pues Su Señoría puede practicarla igualmente sin perjuicio de su posterior valoración.

La prueba testifical se realiza en la vista oral. Una vez comparecido el testigo, Su Señoría le advertirá de que debe decir la verdad sobre los hechos por los que se le interroga y que de no hacerlo se le podrá imputar un delito de falso testimonio. Se le preguntará también sobre si tiene algún interés en la causa y si lo tuviera, el parentesco o relación que pudiera tener con alguna de las partes.

Posteriormente se le formularán las preguntas. Comenzará el abogado de la parte que lo haya propuesto, seguido del abogado contrario, y el Ministerio Fiscal si lo hubiere. Su Señoría podrá también hacerle preguntas en cualquier momento.

Consejos para el testigo (que también pueden valer para la parte interrogada):
- No te extiendas, cíñete a lo que te han preguntado con una respuesta clara y concisa. Si se puede, contestar con un "sí" o un "no" es suficiente. Si hay duda sobre el hecho preguntado mejor decir "no lo sé".

- Que las respuestas no dejen lugar a duda: contestar siempre con rotundidad. Si no, mejor contestar "no lo sé".

- Jamás hables si no te dan la palabra, no gesticules pues el lenguaje corporal es importante. Y trata con respeto a todos los presentes en la sala.

- Cuida el tono de tu declaración, que sea tranquilo. También es importante la vocalización, que se te entienda bien lo que dices.

- En caso de duda, pide que te repitan la pregunta.

Se reconoce el derecho que tienen los testigos a que se les indemnice por los gastos y perjuicios ocasionados por haber tenido que declarar (art. 375 LEC). Esta indemnización debe ser solicitada al juzgado que determinará el importe de la misma mediante auto que tendrá en cuenta los datos aportados para obtner la indemnización (ejemplo: gastos de transporte, manutención, etc. La parte que le haya propuesto como testigo es la que deberá pagarle, con independencia de que pudiera recuperar ese importe si hubiera condena en costas a la otra parte en la Sentencia o Auto (que en materia de familia no suele darse, salvo excepciones). En caso de condena en costas, la parte vencida sólo tendrá obligación de sufragar los gastos de hasta tres testigos (art. 363 LEC).

Luis Miguel Almazán

Abogado de Familia

LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS A LOS HIJOS

 En otras entradas ya hemos hablado de los alimentos a hijos menores:

CUANDO NI EL MÍNIMO VITAL PUEDE SER CUBIERTO CON UNA PENSIÓN DE ALIMENTOS

SUSPENSIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS EN CASO DE PRECARIEDAD ECONÓMICA

 PENSIÓN DE ALIMENTOS EN LOS HIJOS MAYORES DE EDAD

Nuevas sentencias nos hablan de esta obligación de los progenitores a prestar alimentos:

- Sentencia del Tribunal Supremo, la nº860/2023 de 1 d junio (Id Cendoj: 28079110012023100912): a pesar de que se puedan desconocer los datos económicos del progenitor obligado a bonarlos (que se encuentra en paradero desconocido), no pueden quedar sin determinar. Además recuerda la diferencia entre la obligación de prestar alimentos a hijos menores de edad o con discapacidad, equiparados a estos) y la de alimentos a hijos mayores de edad o entre parientese (Apdo. 3.1 de la Sentencia). Aprovecha la sentencia para referirse a la doctrina del “mínimo vital” (3.2), diferenciándola de la situación en que se acuerda la suspensión de la obligación de prestar alimentos por carencia de ingresos (3.3).

 

Como antecedentes de hecho tenemos a un padre que había pagado previamente al establecimiento de pensión alimenticia, la cantidad de 150€ mensuales durante unos meses. Posteriormente deja de pagarlos y se desentiende del hijo en todos los sentidos (desaparece, probablemente se encuentre en el extranjero). La progenitora custodia le reclama 180€ mensuales de pensión alimenticia. Tanto primera como segunda instancia determinan que no procede fijar cuantía porque se desconoce la situación económica del demandado. En casación, el Ministerio Fiscal solicita que se aplique un porcentaje de los ingresos del progenitor no custodio, aludiendo entre otras a la STS 481/2015 de 22 de julio que hablan de fijar al menos un “mínimo vital”.

El Tribunal Supremo, en consonancia con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, resuelve imponiendo al padre la obligación de asumir los alimentos aun cuando no se concrete su importe, imponiéndole el pago de alimentos por el 10% de los ingresos que se acrediten como percibidos, a abonar desde la fecha de la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERO.- Examen del motivo único del recurso de casación interpuesto.

A los efectos resolutorios del recurso de casación partimos de las consideraciones siguientes:

3.1 .- Sobre la especial protección de los alimentos de los hijos menores de edad en los procedimientos matrimoniales.

Es indiscutible el deber de los padres de contribuir económicamente a satisfacer los alimentos de sus hijos por elementales deberes derivados de las responsabilidades parentales que les corresponden. (…)

La regla general es que los alimentos habrán de ser prestados en la extensión a la que se refiere el art.º 142 CC; es decir, los que sean necesarios para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica del alimentista, comprendiendo, igualmente, su educación e instrucción. Tan indeclinable obligación legal habrá de prestarse en proporcionada cuantía al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, por mor del art.º 146 del referido texto legal; por otra parte, cuando tal obligación recaiga en ambos progenitores se repartirá entre ellos el pago en cantidad proporcional a sus respectivos ingresos ( art. 145.I del CC), constituyéndose en deudores mancomunados.

No obstante, dicha obligación de prestar alimentos, cuando de hijos menores se trata, tiene unas connotaciones particulares, que la distinguen de las restantes deudas alimentarias legales, toda vez que posibilitan una mayor flexibilidad en la fijación del importe de la pensión y en la interpretación del principio de proporcionalidad, de manera que los hijos puedan gozar del mejor nivel de vida que los recursos económicos de sus progenitores les puedan brindar y que su satisfacción genere, cuando así lo requiera, un mayor esfuerzo contributivo, una de cuyas manifestaciones la encontramos en el art. 608 LEC.

En este sentido, la STS 749/2002, 16 de julio, con cita de la sentencia de 5 de octubre de 1993, proclamó que:

"La obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad (artículos 39.3 de la Constitución Española, 110 y 154.1º del Código Civil) tiene unas características peculiares que le distinguen de las restantes deudas alimentarias legales para con los parientes e incluso los hijos mayores de edad (como ya puso de relieve la paradigmática Sentencia de 5 de octubre de 1.993). Una de las manifestaciones es la relativa a la fijación de la cuantía alimentaria, que determina que lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Código Civil solo sea aplicable a alimentos debidos a consecuencia de patria potestad ( artículo 154.1º del Código Civil) con carácter indicativo, por lo que caben en sede de estos, criterios de mayor amplitud, pautas mucho más elásticas en beneficio del menor, que se tornan en exigencia jurídica en sintonía con el interés público de protección de los alimentistas habida cuenta el vínculo de filiación y la edad".

(…)

En definitiva, la jurisprudencia considera que es necesario distinguir si nos encontramos ante alimentos cuyo destinatarios son hijos mayores o menores de edad, al ser éstos últimos tributarios de distinto tratamiento jurídico, pues con respecto a ellos "más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención" ( SSTS 55/2015, de 12 de febrero y 275/2016, de 25 de abril).

Por su parte, la STC 57/2005, de 14 de marzo, proclama al respecto que:

"Por lo que respecta a la pensión de alimentos a los parientes -el otro elemento de comparación alegado-, su fundamento descansa únicamente en la situación de necesidad perentoria o "para subsistir" ( art. 148 CC) de los parientes con derecho a percibirlos -cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos ( art. 143 CC)-, se abona sólo "desde la fecha en que se interponga la demanda" ( art. 148 CC), y puede decaer por diversos motivos relacionados con los medios económicos o, incluso, el comportamiento del alimentista ( art. 152 CC). Por el contrario, los alimentos a los hijos, en la medida en que tienen su origen exclusivamente en la filiación ( art. 39.3 CE), ni precisan demanda alguna para que se origine el derecho a su percepción, ni la ley prevé excepciones al deber constitucional de satisfacerlos.

"Tampoco coincide la finalidad en una y otra pensión: si en la de alimentos a los parientes ha de facilitarse el sustento básico para salvaguardar la vida del alimentista, esto es, "todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica" ( art. 142 CC), ya hemos dicho que la de alimentos a los hijos no se reduce a la mera subsistencia, al consistir en un deber de contenido más amplio, que se extiende a todo lo necesario para su mantenimiento, estén o no en situación de necesidad".

3.2. - La doctrina del mínimo vital para el caso de dificultades económicas.

Esta obligación impuesta al juez de fijar "en todo caso", la contribución de cada progenitor para satisfacer alimentos que impone el art. 93 del CC, determinó el nacimiento, para situaciones de acreditada dificultad económica, de la denominada doctrina del mínimo vital, de cuya aplicación encontramos manifestación en las SSTS 184/2016, de 18 de marzo y 484/2017, de 20 de julio, de las que se deduce que:

i)                    Lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación,

ii)                  Ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante.

3.3. - La posibilidad de suspensión de la prestación de alimentos por carencia de recursos económicos para satisfacerlos: el alimentante absolutamente insolvente.

Lógicamente, esta doctrina no rige en los supuestos en los que se encuentra acreditada la indigencia del progenitor, en los cuales la carencia absoluta de recursos económicos genera la imposibilidad material y jurídica de establecerlos, so pena de fijar una cantidad en vacío, con desatención de las concretas circunstancias concurrentes, casos en los cuales, bajo un criterio restrictivo, cabe suspender la prestación alimenticia. En tales supuestos, el deber legal de solidaridad se transfiere a los otros parientes obligados a satisfacer los alimentos, y todo ello sin perjuicio de la mejora de fortuna del progenitor (art. 91 CC), que devuelva a éste su condición de deudor principal por el orden legal que establece el art. 144 CC.

Así dijimos, por ejemplo, en las sentencias 484/2017, de 20 de julio, con ratificación de la doctrina sentada, en otras, como la sentencia 111/2015, de 2 de marzo, que: "La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación cesa "Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia", que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias hasta que se procure una solución al problema por parte de quienes están en principio obligados a ofrecerla, como son los padres".

Como síntesis de lo expuesto, podemos citar la STS 632/2022, de 29 de septiembre, en la que, con cita de otras anteriores ( SSTS 55/2015, de 12 de febrero; 111/2015, de 2 de marzo; 413/2015, de 10 de julio; 395/2015, de 15 de julio; 661/2015, de 2 de diciembre; 184/2016, de 18 de marzo y 484/2017, de 20 de julio), distinguimos entre la suspensión de la obligación de prestar alimentos (carencia de ingresos) y la de abonar el mínimo vital (situaciones de dificultad económica), y de esta forma señalamos:

"[...] cabe admitirla "[...] con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal [...], pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante [...]", siendo esa solución que se predica como normal, y ello, en los supuestos referidos a situaciones de dificultad económica, la de "fijar [...] un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor [...]".

"[...] Y si no consta que la recurrente perciba en estos momentos ingresos por ningún concepto y tampoco se dispone de datos que permitan presumir que, pese a no contar con ingresos, sí dispone de otros medios o recursos económicos con los que poder hacerse cargo de la pensión, lo que se debe asumir, a la luz de lo probado y lo que no lo ha sido, es que su actual situación, con independencia de la palabra o palabras que se utilicen para calificarla: precariedad, indigencia, pobreza, miseria, etc., o de los adjetivos con que se pueden calificar: total, absoluta, extrema, plena, etc., no le permite hacerse cargo de ella por imposibilidad material, ante la falta de medios.

"Lo anterior pone de manifiesto que la situación es excepcional y que el caso es uno de los que justifican, con arreglo a nuestra doctrina, la suspensión temporal del pago de la pensión de alimentos en tanto la actual situación se mantenga".

3.4 .- Las connotaciones del presente caso.

En el caso presente, concurren las circunstancias siguientes. El padre, en los meses de enero, marzo y abril de 2019, vino abonando a su hijo, por medio de una transferencia, la suma de 150 euros mensuales, lo que implica contaba con posibilidades para atender tan indeclinable obligación. La demanda se interpuso en junio de 2019. A partir de ese momento, se despreocupó de la atención del menor, ausentándose sin dejar constancia de su domicilio actual. Es más que plausible que se encuentre en el extranjero. No consta que carezca de recursos económicos o que se encuentre en una situación de absoluta indigencia, simplemente se ignoran cuáles son los ingresos con los que cuenta actualmente, dado que, por acto propio, se ausentó sin dejar datos. En la tesitura expuesta, es la madre la que, de forma exclusiva, atiende a las necesidades del menor.

En un caso similar al presente, la sentencia 481/2015, de 22 de julio, razonó que: "Esta Sala debe declarar que junto con la necesaria protección de los intereses del rebelde procesal, está la necesidad de que los Tribunales tutelen los derechos del menor y como señala el Ministerio Fiscal, no podemos soslayar la obligación que el padre tiene, constitucionalmente establecida, de prestar asistencia a sus hijos (art. 39 de la Constitución).

"El padre o madre deben afrontar la responsabilidad que les incumbe con respecto a sus hijos, no siendo de recibo que su mera ilocalización les exonere de la obligación de prestar alimentos ni que a los tribunales les esté proscrita la posibilidad de determinar un mínimo por el hecho de que el progenitor haya abandonado su lugar de residencia, todo ello sin perjuicio de las acciones que el rebelde pueda plantear una vez hallado, en orden a la modificación de las medidas, posibilidad que también podrá plantear el otro progenitor si han variado sustancialmente la circunstancias.

"En el presente caso consta que con respecto al demandado se intentó su emplazamiento en el domicilio de su madre.

"En la sentencia recurrida se elude la obligación de fijar alimentos para evitar posibles responsabilidades penales del obligado al pago de los alimentos, pero olvida que esa obligación de prestarlos la tiene el progenitor, civil y constitucionalmente impuesta, aun cuando no se concrete su importe.

"En base a ello, se fija una pensión de alimentos, abonable por el demandado del 10% de los ingresos que se acrediten como percibidos por el padre, dada la edad de la menor y que la madre trabaja como empleada de hogar y reside en régimen de alquiler compartido. Se desconoce el trabajo que el esposo pueda estar desarrollando en la actualidad".

En este caso, con aceptación de la petición formulada por el Ministerio Fiscal, conforme a un criterio de prudencia, fijamos en un porcentaje del 10% de los ingresos de demandado su prestación alimenticia, que se devengará desde la fecha de la demanda (art. 148 CC), al ser la primera vez que se fijan los alimentos ( SSTS 696/2017, de 20 de diciembre; 113/2019 de 20 de febrero; 644/2020, de 30 de noviembre y 412/2022, de 23 de mayo), todo ello, sin perjuicio de su liquidación y revisión por modificación de circunstancias una vez se conozcan los ingresos reales del demandado.

- Sentencia del Tribunal Supremo, la nº1365/2023 de 4 de octubre:

Como antecedentes tenemos que tanto en primera instancia como en apelación no se fijan visitas ni pensión de alimentos al desconocerse las circunstancias personales y patrimoniales de la demandada (en este caso, la madre). El Tribunal Supremo revoca la sentencia y reitera la doctrina de la STS 860/2023 y 1210/2023 de 21 de junio, sobre la especial protección de los alimentos de los hijos menores de edad en los procedimientos de familia.

FD4º: "...Es, por ello, que consideramos procedente acoger en parte el recurso de casación interpuesto y fijar prudencialmente los precitados alimentos en un porcentaje equivalente al 25% de los ingresos de la madre, dado que son tres los hijos necesitados de alimentos, sin perjuicio de su revisión. Esta prestación alimenticia se devengará desde la fecha de la demanda ( art. 148 CC), al ser la primera vez que se fijan los alimentos ( SSTS 696/2017, de 20 de diciembre; 113/2019 de 20 de febrero; 644/2020, de 30 de noviembre y 412/2022, de 23 de mayo), todo ello, sin perjuicio de su liquidación y revisión por modificación de circunstancias una vez se conozcan los ingresos reales del demandado".

Luis Miguel Almazán

Abogado de Familia

LA PRIMERA COMUNIÓN DE HIJOS DE PADRES SEPARADOS

 

Alguien puede preguntarse cómo es que publico una entrada sobre la primera comunión de nuestros hijos en octubre, cuando esas primeras comuniones suelen celebrarse siempre en mayo. La respuesta es clara: cualquier acción judicial relacionada con esa primera comunión debe realizarse con meses de antelación para que la resolución llegue a tiempo para la fecha. Por eso en esta entrada voy a hablar de los problemas que surgen entre progenitores separados en relación con este tradicional acto religioso.

El año pasado por estas fechas aparecían estas noticias: un juzgado da la razón a la madre que pleiteaba con el padre sobre la parroquia donde su hijo debía hacer la primera comunión. El padre pretendía que su hijo hiciera la primera comunión en la parroquia del pueblo del padre, pero el juzgado daba la razón a la madre pues había sido en la parroquia del pueblo de la madre donde el niño había hecho la catequesis. Sirva como ejemplo de hasta qué punto y por qué asuntos se puede llegar a pleitear en un juzgado.

En otro caso mediático, el padre solicita el auxilio judicial para que pueda salir en el reportaje fotográfico de la comunión de su hijo, pagado por ambos progenitores. Y todo porque la madre se niega a que el padre salga en las fotos con su hijo. Lamentablemente el proceso se archivó porque ya había pasado la fecha de la primera comunión y el juzgado todavía no había resuelto (de ahí lo que he expuesto en el primer párrafo: cualquier acción hay que llevarla a cabo con tiempo suficiente). En este caso, el menor se quedó sin tener una foto con su padre el día de su comunión. Sirva también este ejemplo para valorar el “nivel de empatía” de algunos progenitores.

Litigios similares suceden de vez en cuando por asuntos como quién paga el traje/vestido de la comunión, o cuál de los dos padres lo celebra, etc. Está claro que los problemas originados por la celebración de la primera comunión son cuestiones de patria potestad, habitualmente compartida por ambos progenitores. Esto significa que las decisiones más relevantes que afecten a la vida del hijo, deben ser consensuadas entre ambos y a falta de acuerdo, cualquiera de los dos padres podrá acudir a la autoridad judicial, que acabará atribuyendo la facultad de decidir a uno de ellos.

Lamentablemente, la  judicialización de las relaciones con los hijos puede suponer que se acabe llevando a los juzgados cualquier cuestión que les afecte, por muy absurda que sea (como las que hemos visto al inicio), obligando al juez a tomar una decisión: desde la elección del centro educativo, tratamientos dentales, vacunas; hasta quién es el progenitor que le debe cortar el pelo, autorización judicial para ponerle pendientes a la niña y un largo etcétera de situaciones de lo más variopintas y “surrealistas”.

Aunque cada caso es un mundo, trataré de dar respuesta a las preguntas más "clásicas" que suelen hacerse al respecto:

PROBLEMA 1: NO QUIERO QUE MI HIJO HAGA LA PRIMERA COMUNIÓN.
La cuestión sobre si debe o no debe el menor hacer la primera comunión, requiere autorización de ambos progenitores. Si uno de los progenitores se niega a ello, el otro deberá solicitar el auxilio judicial, para que el juzgado le autorice o no. Para tomar la decisión, el juez tendrá en consideración si el menor va a un colegio laico o religioso, la tradición religiosa familiar, si recibe o ha recibido catequesis, etc. El juez escuchará a las partes (e incluso podría escuchar al menor) y decidirá al respecto.

PROBLEMA 2: QUÉ PROGENITOR CELEBRARÁ CON EL HIJO LA PRIMERA COMUNIÓN.

En primer lugar, hay que atenerse a lo que diga al respecto el convenio regulador o la resolución judicial. No es habitual que una resolución judicial regule algo al respecto (salvo por la inmediatez de la celebración, o la insistencia de alguna parte en que sea regulada). Si no hay nada regulado, entonces habrá que atender a la voluntad de las partes y lo que ambos padres acuerden, y no debería imperar otra cosa entre los padres que el sentido común, realizando las concesiones oportunas para que el menor pueda disfrutar de la compañía de los dos progenitores.

¿Cabría pedir el auxilio judicial para que se permitiera al progenitor impedido que pudiera celebrar con su hijo/hija?. Traigo a colación el siguiente supuesto, de 20 de abril de 2015 en el que el Juzgado de primera instancia nº5 de Arganda del Rey (Madrid) denegó el amparo judicial a la madre (medidas cautelares previas 189 /2015): la madre reclamaba poder disfrutar con su hija el día de su comunión, circunstancia no prevista en la resolución judicial. Ese día le corresponde al padre estar con la menor y no hay acuerdo. Argumenta que con ella ha hecho la catequesis. No se plantea si la niña debe o no debe realizar la comunión (lo que afectaría a la patria potestad, acción del 156 y 158 del Código civil), sino que se plantea modificar el régimen de visitas para un día concreto (el de la primera comunión). Lo que pretende la madre es judicializar una falta de entendimiento de las partes que debería solventarse con diálogo en beneficio de la menor. Por todo ello, el Juzgado deniega  la Solicitud, porque si por desgracia no es posible el entendimiento entre los padres, lamentablemente deberá cumplirse de manera rigurosa lo dispuesto en el convenio regulador o resolución judicial y el menor pasará ese día con el progenitor al que le correspondiera estar con él.

Hablamos de la celebración, no del acto religioso porque la Iglesia donde se celebre el acto, es un espacio público y no se puede impedir a nadie su entrada sin motivo.

PROBLEMA 3: CÓMO SE PAGAN LOS GASTOS DE LA PRIMERA COMUNIÓN.
En relación a los gastos de la primera comunión, debería distinguirse entre gastos comunes y propios de cada progenitor. Si ambos están de acuerdo en que su hijo/hija haga la primera comunión, existirán gastos comunes como el traje/vestido o el reportaje fotográfico, que deberán ser consensuados y abonados por ambos progenitores. Existe alguna sentencia ("rara avis") en donde se ha estimado que tales gastos son ordinarios por entender que eran previsibles (el menor iba a un colegio religioso y estaba recibiendo catequesis), y por tanto entraban dentro de la pensión de alimentos pagada por el progenitor no custodio. Además de los gastos comunes tendríamos los propios de cada progenitor, como puede ser el banquete que organice cada uno de ellos (salvo que dicho banquete decidan prepararlo conjuntamente).

En conclusión, lo ideal es que ambos padres entierren sus desavenencias por un día y traten de llegar a un acuerdo. Pero si no es posible llegar a una solución amistosa para que todos puedan disfrutar de la primera comunión de su hijo, que al menos se evite un clima de tensión tan perjudicial para el menor en un día tan especial para él. Simplemente, aplicando el sentido común. Aunque a veces sea el menos común de los sentidos.

Luis Miguel Almazán

Abogado de Familia